PARTICIPACIÓN DE LA CAMPAÑA: LUCES DE LAS RESISTENCIAS EN FORO PARLAMENTO ABIERTO


LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022


Las organizaciones, pueblos, colectivas y cooperativas que integramos la campaña Luces de las resistencias nos pronunciamos sobre la necesidad de reorientar el debate sobre la transición energética hacia principios de justicia y democracia, indispensables para el interés de los pueblos y las comunidades del País.


Consideramos importante estar aquí y ser escuchadas y escuchados porque nuestras voces como pueblos, comunidades, ciudadanxs y organizaciones sociales no han sido tomadas en cuenta en el debate sobre el modelo energético en México, en el cual han predominado las perspectivas del Estado y del interés privado. Con este modelo vemos y vivimos ausencias, omisiones y violaciones a nuestros derechos humanos que nos preocupan profundamente.

En el contexto de la crisis socioambiental, reconocemos urgente la transformación del modelo energético hacia uno bajo en carbono, pero más eficiente, responsable, equitativo y sostenible. Demandamos se reconozca que las principales causas de esta crisis radican en un modelo desarrollista basado en un excesivo y asimétrico consumo energético fundado mayoritariamente en los combustibles fósiles. Hoy día diversas corporaciones nacionales y extranjeras se presentan como principal solución una falsa transición energética que, enmascarada de “limpia o verde,” se materializa en nuestros territorios a través de megaproyectos, pero que solo cambian la tecnología sin cuestionar las injusticias de fondo no los modelos de consumo y explotación de la energía, manteniendo la misma visión mercantilista.


Para nosotras es fundamental ampliar y empujar el debate de la energía , su desarrollo y acceso, como un derecho y un bien común. La energía es un elemento vital antes que una mercancía, pues se articula con nuestros alimentos, nuestra agua, nuestras formas de vida, el transporte, la salud, la educación y el bienestar general de la sociedad. Por ello demandamos poner en marcha procesos y debates fundamentales como: el decrecimiento, es decir, la disminución, eficiencia y consumo responsable de la energía; su democratización y descentralización; que la ciudadanía forme parte de procesos de toma de decisión y donde sectores históricamente excluidos decidamos libremente sobre los recursos energéticos y su gestión, que los beneficios de las fuentes renovables ya no se centren en capitales privados o el estado y se garantice energía limpia y accesible para la vida digna de los pueblos, con proyectos locales, distribuidos y participativos, que promuevan el autoconsumo y la soberanía energética desde y para los pueblos; desarrollando nuevas relaciones sociales congruentes con una visión de justicia socioambiental, respetuosa de nuestros territorios y de nuestros pueblos.


Nosotras diferimos de los criterios que adoptó el estado mexicano en sexenios pasados para privilegiar la participación de las grandes empresas privadas en la generación eléctrica, pues su motivación es la acumulación, antes que satisfacer las necesidades de vida de los pueblos. Estos esquemas de generación han intensificado la especulación financiera, la mercantilización de nuestros territorios y con ello, la degradación de zonas de importante diversidad ambiental y cultural y el despojo. Aunque muchas de esas empresas se autoproclaman generadoras de "energías limpias", hacemos énfasis en decenas de ejemplos en Yucatán, Puebla, Veracruz, Baja California, Oaxaca y otras entidades en los que corporaciones eólicas, de generación térmica, solares, o hidroeléctricas imponen sus proyectos, violando derechos humanos y afectando el acceso a la tierra, al medio ambiente sano y a la salud. En síntesis, haciendo negocios a costa de la vida y los territorios de los pueblos donde se instalan.


Es esencial ampliar el debate para señalar desigualdades estructurales y para identificar los sectores que consumen más energía preguntándonos: ¿Energía para qué? , ¿Energía para quién? y ¿Energía cómo?. Las industrias del sector minero, cementero, siderúrgico y maquilador, por ejemplo, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. Cuestionar el modelo económico que permite tales consumos debe ser uno de los primeros pasos para trazar la ruta de una transición energética verdaderamente sostenible, justa y democrática.


No podemos limitar el debate al sector eléctrico sin una visión amplia, sistémica y crítica del sector energético articulado con sectores que forman parte del circuito de demanda, como lo es el transporte y el sector industrial. Requerimos un modelo que priorice las necesidades reales de reproducción de la vida de los pueblos y se construya sobre el debate continuo de los valores de uso necesarios para cada comunidad, pueblo, barrio y ciudad, así como sobre las tecnologías adecuadas a los contextos locales y culturales.


Aunque la defensa de los servicios públicos debe ser prioritaria, ponemos en duda que una empresa del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos. Nos preocupa la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y si aumentará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras, bosques y aguas comunes. Y es que la generación de energía por parte de la CFE también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposición del tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y las hidroeléctricas en Paso de la Reina, Oaxaca o la Parota en Guerrero, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos, siendo la CFE protagonista de acusaciones judiciales directas hacia defensoras y defensores del territorio; como lo ocurrido con el Proyecto Integral Morelos en el que trabajadores de la Comisión Federal hicieron parte de denuncias y persecución judicial contra nuestras compañeras y compañeros siendo un proyecto energético que hasta hoy ha cobrado la vida de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador indigena de la comunidad de Amilcingo, Morelos. A tres años su asesinato , no se ha encontrado a los autores materiales e intelectuales de tan grave violación a los derechos a la vida, la tierra y al acuerdo de Escazú firmado por el estado Mexicano.


El centro de la reforma energética no puede ser solo la soberanía estatal de los recursos a explotar. La reforma debe revisar críticamente el modelo extractivo. Tal es el caso del litio, que se busca convertir en un mineral estratégico, prioritario para el Estado, ignorando los problemas territoriales derivados de la minería, la devastación ambiental irreversible y la enorme cantidad de agua que requiere, lo que da cuenta de cómo se pretende dar solución a un problema global mediante una transición energética que replica y exacerba lo mismos problemas sociales y ambientales ya antes señalados. No se puede solucionar la crisis ambiental del planeta con el mismo modelo extractivo.


No hay minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía fósil y a la vez mantener un modelo de desarrollo que apuesta por un crecimiento perpetuo en un mundo finito. Mientras el cambio de fuentes fósiles a renovables esté en manos de intereses económicos corporativos y no se oriente hacia el bien común, sólo hablaremos de falsas soluciones tecnológicas y no de una transición democrática y justa.


Es de vital importancia incluir en la nueva reforma eléctrica el derecho humano a la energía eléctrica y, con ello, discutir el establecimiento de una tarifa socialmente justa. La energía no puede estar supeditada a las leyes del mercado y a la fluctuación de precios. Es necesario profundizar las reformas a la Constitución en materia de derechos y su aplicación en leyes secundarias. Durante décadas, pueblos y comunidades de México han luchado contra tarifas eléctricas injustas, así como impugnado cobros excesivos. El acceso a la energía eléctrica es indispensable para el goce de derechos humanos fundamentales: como la salud, alimentación, educación y acceso a la información.


Pensar en soberanía energética es también pensar en soberanía tecnológica, proponemos procurar el uso de tecnologías propias, a nivel local en la medida de lo posible, para no depender de condiciones políticas o geográficas –como la supeditación al norte global. Tales relaciones de dependencia perpetúan un modelo de saqueo y colonización. Para ello es necesario generar espacios para la investigación científica y técnica así como programas amplios de financiamiento con miras a solventar un rezago histórico.


Además, es indispensable enfatizar la importancia de las mujeres que hemos sido lamentablemente excluidas. Nuestra participación es fundamental para pensar otro modelo energético.


Nos preocupa que se desdeñen otras formas sociales, comunitarias y populares de la gestión de la energía. Es fundamental que la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en las que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente del debate energético amplio. Este debate trata solo sobre la electricidad, debe incluir el derecho humano a la energía y de formas más justas y democráticas de gestión, como la generación distribuida.


Hay que recordar que sí es posible construir alternativas energéticas comunitarias, locales, democráticas, justas, sustentables. Algunas ya existen, gracias a la capacidad de organización comunitaria y la unión de diferentes conocimientos.


Como mexicanas y mexicanos tenemos la oportunidad de llevar a cabo una transformación histórica. Como humanidad tenemos la responsabilidad de producir un cambio de fondo. A los seres humanos nos va la vida en ello.


Queremos decirles que con la sangre de los pueblos no es y nunca será energía limpia.


¡Exigimos justicia para Samir Flores Soberanes!

!Justicia por todxs lxs defensores y periodistas asesinadxs !